Ayer me invitaron al teatro.
A la Sala Beckett.
Llego más tarde de lo previsto.
Aterrizaje forzoso de la dos ruedas.
Un me peino que bonita.Y voy al bar de la cita que no es cita.
Malpensados.Un cañita y al teatro.
Me acerco y veo delante una casa de las bonitas.
Blanca y con azulejos azules.
Pienso que a Otto Wagner le hubiera gustado.
¿Porque?
Pues no se.
Porque si.
Veo un pañuelo que ondea.
S.O.S.
Debajo un cartel.
VAN A DERRIBAR LA CASA......
Aix. Uf.
Miro en internet.
Han proyectado un edificio de 82 pisos.
¿Contra eso, quien lucha?
Pues luchan y bien que luchan.
La lógica de lo ilógico convertido en lógico por ser rentable.
El sentido sin sentidos...
El sentido sin sentidos...
Aqui dejo la noticia que he encontrado en La Vanguardia.
Adelante sr. Cisteró!
"Para Cisteró, que vive con su esposa e hija, la paralización es una pequeña victoria frente al "acoso" de la inmobiliaria, porque siente impotencia frente a ella, y tiene un componente moral, por el valor sentimental de la casa, porque perteneció a su familia desde el 1917. Su familia se marchó a finales del siglo XIX cerca de Porto Alegre (Brasil) y montó una fábrica de licores, donde su abuela llegó con dos años, y volvió con 18 a Barcelona con el dinero del bisabuelo para comprar la casa. En este punto de Gràcia nacieron todos sus hermanos -él en 1951-, vivieron con los abuelos y se fraguaron los negocios familiares hasta que su madre vendió la casa, pero se quedaron arrendados con un contrato con opción a compra.
La inmobiliaria La Llave de Oro se hizo con la propiedad de la vivienda hace 10 años, y a través de su filial Gambit proyecta 28 pisos en esta finca y las colindantes, ha explicado el abogado de la familia, Bautista Sotelo, quien tiene el caso con un contencioso en el Tribunal Supremo.
Según Sotelo, la norma en que se escuda la inmobiliaria para justificar el desahucio son dos artículos (78 y 79) de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 y que aún siguen vigentes pese a las sucesivas modificaciones de la ley y haber sido pensados para el desarrollismo franquista. En el caso de Cisteró, la ley permite a la inmobiliaria poder echarlo y demoler el edificio cautelarmente -sin aún el fallo del Supremo- siempre que en aquella finca se construyan al menos el doble de pisos de los existentes, una operación que debe autorizar el subdelegado del Gobierno. Lleva gastados en una veintena de años de pleitos unos 200.000 euros: los últimos 100.000, de pagar las costas después de que en uno de los pleitos el Supremo no haya admitido a trámite una demanda para hacer valer la opción de compra, y que Cisteró ya perdió en primera y segunda instancia"
La Vanguardia 20/06/2011
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